Leímos todas las ordenanzas de Píllaro.

La reforma a la ordenanza de residuos sólidos se aprobó el 30 de diciembre de 2025 y se publicó en el Registro Oficial el 21 de enero de 2026. Su Disposición Final dice que entra en vigencia con esa publicación. Pero su Disposición Transitoria Segunda ordena cobrar desde octubre de 2025 — tres meses antes de existir — y acumular esos valores en un solo pago junto con los de 2026.

Exposición de motivos: «el régimen tributario establecido mediante esta Ordenanza se rige por los principios de
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia…»

Disposición Transitoria Segunda: «se cuantificará el pago desde el mes de Octubre del año 2025,
cargándose los valores de los meses que durante el proceso de implementación no hayan sido cancelados…»

Qué se incumple: el artículo 300 de la Constitución, que la propia ordenanza cita, consagra la irretroactividad tributaria. El artículo 11 del Código Tributario establece que las normas rigen desde el día siguiente a su publicación en el Registro Oficial, y que los tributos de período anual se aplican desde el primer día del siguiente año calendario. El municipio no causó el problema — el convenio con la Empresa Eléctrica Ambato se terminó unilateralmente el 17 de octubre de 2025 — pero la solución elegida traslada al ciudadano un costo que no le corresponde.

La misma reforma fija la tasa como un porcentaje del Salario Básico Unificado, en una tabla de dos filas, sin un solo ejemplo en dólares. Dice que se «cuantifica de manera mensual» y se «cancela de manera anual». Con el SBU 2026 en 482 dólares, el mismo texto permite llegar a cifras radicalmente distintas según cómo se lea el número: como fracción mensual, como fracción anual o como porcentaje.

Art. 67 sustituido: «%SBU-RURAL 0,063 · %SBU-URBANO 0,148»
«…cada año se ira incrementado progresivamente en fusión del salario básico unificado vigente» (sic)
«Al valor de la tasa se agregará 10 centavos de dólar por concepto de Gastos Administrativos.»

Qué se incumple: el artículo 82 de la Constitución exige normas «previas, claras, públicas». Una tasa cuyo monto no puede determinarse leyendo la ordenanza no cumple ese estándar. Además, indexar la tasa al salario básico la desconecta del costo del servicio: el artículo 566 del COOTAD establece que las tasas se fijan en función del costo de producción del servicio, no de un índice salarial. Y el error de redacción («en fusión» por «en función») está en el texto operativo publicado en el Registro Oficial.

Verificamos los 132 enlaces documentales del portal. Siete devuelven error 404. No son documentos menores: uno de ellos es la ordenanza sustitutiva que regula el impuesto de patentes municipales —la que determina cuánto paga cada comerciante de Píllaro— y otro es la reforma a la ordenanza de ordenamiento territorial.

404 · Ordenanza sustitutiva de patentes municipales
404 · Ordenanza de alineación de objetivos estratégicos del PDOT
404 · Reforma a la ordenanza de sentido vial de las calles
404 · Ordenanza de nominación de calles, plazas y parques
404 · Ordenanza reformatoria de regulación del desarrollo y ordenamiento territorial
404 · Ordenanza derogatoria de exoneración de tasas municipales (COVID-19)
404 · Ordenanza que regula la fauna urbana (versión 2016)

Qué se incumple: el artículo 324 del COOTAD obliga al ejecutivo del GAD a publicar todas las normas aprobadas «en su gaceta oficial, en el dominio web de la institución y en el Registro Oficial». Un enlace roto en el dominio web equivale a no haber publicado. El artículo 18 de la Constitución garantiza el acceso libre a la información generada en instituciones públicas.

El portal municipal publica la Gaceta Oficial Nº 001, Nº 002 y Nº 003 — las tres cargadas en abril de 2019. No hay una cuarta. Desde entonces se han aprobado decenas de ordenanzas, incluyendo las tributarias de diciembre de 2025.

Qué se incumple: el artículo 324 del COOTAD exige la publicación en la gaceta oficial como uno de los tres canales obligatorios, no como una opción. Y existe una solución probada al lado: en 2025 el cantón Cevallos —vecino, en la misma provincia y más pequeño que Píllaro— aprobó una ordenanza que convierte su gaceta impresa semestral en una Gaceta Oficial Digital actualizada de forma permanente en su página web, citando exactamente ese artículo 324 y argumentando que así «no se malgastan los recursos públicos».

El COOTAD exige dos debates «en días distintos». La práctica reciente en Píllaro cumple la letra y vacía el espíritu: los tres instrumentos que más afectan al bolsillo y al territorio del cantón pasaron entre el 23 y el 30 de diciembre, en plenas fiestas, o en una sola jornada.

Alineación del PDOT al Plan Nacional de Desarrollo
1.º debate: martes 26 de mayo de 2026 → 2.º y definitivo: miércoles 27 de mayo de 2026 · 1 día

Impuesto predial, bienio 2026-2027
1.º debate: viernes 26 de diciembre de 2025 → 2.º y definitivo: martes 30 de diciembre de 2025 · 4 días, sesión extraordinaria

Reforma a la tasa de residuos sólidos
1.º debate: martes 23 de diciembre de 2025 → 2.º y definitivo: martes 30 de diciembre de 2025 · 7 días

Qué se incumple: formalmente nada — y ese es el problema. El artículo 322 del COOTAD se cumple, pero los artículos 303 y 304 del mismo código y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana exigen que la ciudadanía participe en la formulación de las normas que la afectan. Un día entre debates hace materialmente imposible esa participación.

El archivo titulado «Ordenanza sustitutiva del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos» no es esa ordenanza: es la edición completa del Registro Oficial, 69 páginas, que además contiene las ordenanzas de otros tres cantones. Lo mismo ocurre con la de catastros prediales.

RESIDUOS-SOLIDOS-NO-PELIGROSOS.pdf → Registro Oficial Edición Especial Nº 988, 69 páginas
  pág. 2 — Cantón Daule: tasa del puente sobre el río Daule
  pág. 10 — Cantón Portovelo: centro de faenamiento municipal
  pág. 17 — Cantón San Cristóbal: catastros prediales bienio 2026-2027
  pág. 59 — Cantón Santiago de Píllaro: residuos sólidos ← lo que el vecino buscaba

FORMACION-DE-CATASTROS…pdf → RO Ed. Especial Nº 989, 90 páginas
  pág. 2 — Cantón Quijos · pág. 33 — Santiago de Píllaro

Por qué importa: la publicación en el Registro Oficial es obligatoria y está bien hecha. El problema es presentarla como sustituto de la publicación en el dominio web, que el artículo 324 del COOTAD exige por separado y que tiene otra función: que el ciudadano encuentre su norma. Además, el documento publicado es una reforma: el texto base sigue en otro archivo, de 2021, sin indicación de cuál rige.

Medimos la densidad de texto de las quince ordenanzas principales que descargamos. Siete son escaneos: imágenes de papel guardadas dentro de un PDF. Una persona ciega no puede leerlas. Nadie puede buscar una palabra dentro de ellas. Y en un cantón donde el 62% vive en zona rural, con datos móviles, el peso importa.

documento               pág    peso   texto/pág
Áridos y pétreos        20   6,4 MB       0 ← imagen pura
Actividad turística     30   7,6 MB       0 ← imagen pura
Uso de mascarillas      7   0,8 MB       0 ← imagen pura
Justicia integrada      17   1,3 MB      73
Moral y buenas costumbres 5   1,4 MB      73
Participación ciudadana  16   1,8 MB      79
Fauna urbana (mayo 2025) 55  15,1 MB     110 ← la más reciente

referencia: un PDF de texto real ronda los 1.700–2.700 caracteres por página

Qué se incumple: la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2023 exige que la información se difunda en formato de datos abiertos, «fácil de comprender, accesible, usable y reutilizable». Un escaneo de 15 MB es lo contrario de las cuatro cosas.

El PDOT es el documento que ordena la inversión del cantón y la base de la que salen las ordenanzas. En su diagnóstico sociocultural da una cifra de pobreza por NBI. En la tabla de problemas del mismo componente da otra, invertida.

Diagnóstico, pág. ~251: «la población que sufre esta situación por necesidades insatisfechas,
corresponde en su mayor parte a la zona rural con un total 55.7% a diferencia de la zona
urbana en donde apenas se encuentra un 12.1%»

Tabla 130, problema 5: «la pobreza por NBI en el cantón corresponde al 45.8%, específicamente
en la zona rural se tiene un total del 73% … a la vez en la zona urbana con un total del 55.7%»

Por qué importa: no es un error de tipeo, es un error de diagnóstico. Si la cifra urbana de pobreza es 12,1% o 55,7% cambia por completo dónde debe ir la inversión. Ese mismo documento tiene además un encabezado que dice «EVALUACIÓN DEL PDOT 2029-2023», y una ordenanza vigente lo llama «PDOT 2020-2032» mientras el archivo publicado se titula «PDOT 2023-2027».

La norma territorial vigente que consta publicada es la reforma de diciembre de 2022, cuyo propio título dice que aprueba el PDOT y «el estudio para la elaboración del Plan de Uso y Gestión del Suelo». En el listado del portal no consta una ordenanza posterior que sancione el PUGS como instrumento en firme.

Qué está en juego: la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo obliga a los municipios a contar con un PUGS como componente del PDOT — es el instrumento que fija qué se puede construir y dónde. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial impulsa desde diciembre de 2025 una reforma legal precisamente para establecer plazos claros y sanciones efectivas por incumplimiento. Y esto no es abstracto en Píllaro: el 46,18% del cantón tiene alta susceptibilidad a movimientos en masa. Sin PUGS sancionado, se sigue construyendo sobre esa cifra sin una regla que la tome en cuenta.

El archivo que el portal presenta como la ordenanza del Sistema de Participación Ciudadana fue cargado en agosto de 2025, lo que sugiere una norma reciente. Su contenido es el Registro Oficial Edición Especial Nº 1666 del 10 de septiembre de 2021, y su disposición transitoria sigue apuntando a un ejercicio que terminó hace cuatro años.

Disposición Transitoria Segunda: «Para la elaboración del presupuesto participativo del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro del año 2022, la Secretaría Ejecutiva de la
Alcaldía con la Dirección de Planificación coordinará la organización de la Asamblea…»

Por qué importa: el presupuesto participativo es obligatorio cada año, no una vez. Una ordenanza cuya única transitoria operativa venció en 2022 deja el mecanismo sin calendario vigente. La fecha de carga del archivo tampoco debería inducir a error sobre la vigencia de la norma.

El listado de ordenanzas del portal mezcla, sin distinguir, normas vigentes con normas superadas: la ordenanza de uso obligatorio de mascarillas (2021), la de medidas de bioseguridad COVID-19 (2020), la de catastros del bienio 2022-2023 ya reemplazada, dos versiones de la ordenanza de residuos sólidos y dos de fauna urbana —sin señalar cuál rige—, y hasta un «proyecto de ordenanza» presentado junto a normas aprobadas.

Por qué importa: un listado donde no se distingue lo vigente de lo derogado no es un registro normativo, es un archivo. El ciudadano —y el funcionario— necesita saber qué regla se le aplica hoy. Esto se resuelve con un campo de estado por documento, sin cambiar ni una coma del contenido.

La página de Ley de Transparencia del municipio conserva, bajo el encabezado «Artículo 7», el texto de plantilla que trae el tema de WordPress y que nadie llegó a reemplazar. Aparece dos veces.

pillaro.gob.ec/ley-de-transparencia/ :
«Artículo 7 — I am text block. Click edit button to change this text.
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En la misma línea: la ordenanza de alineación del PDOT al Plan Nacional de Desarrollo cierra su fórmula de promulgación sin el año, en un texto publicado en el Registro Oficial.

Fórmula de promulgación: «Dada en el cantón Santiago de Píllaro a los veinte siete días del mes de mayo.»
(sin año · Registro Oficial Edición Especial Nº 1515)

Qué se incumple: el encabezado «Artículo 7» corresponde a la estructura de la LOTAIP de 2004, sustituida en mayo de 2023. La LOTAIP vigente exige publicación proactiva en formato de datos abiertos: en esta página hay 163 archivos PDF y solo 4 en formato reutilizable — cuatro hojas de cálculo, todas de 2021. Cuenca, en cambio, ya publica datos abiertos con una guía metodológica propia.